EMA

Manifiesto en defensa de las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía y sus profesionales

En Andalucía, las emisoras municipales y ciudadanas se han definido, desde su constitución, como un elemento fundamental de servicio público y vertebración territorial. Son medios plurales y profesionales, donde el espíritu participativo ciudadano está presente, contribuyendo a dinamizar nuestros municipios y satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de nuestras vecinas y vecinos.
Asistimos a una coyuntura económica compleja que está poniendo en peligro la supervivencia de los medios públicos locales y asociativos. Las dificultades económicas de los entes municipales están mermando los recursos técnicos y humanos de las emisoras de proximidad, amenazando su estabilidad y, por tanto, el derecho a la información de las ciudadanas y los ciudadanos. Una situación que no favorece el cumplimiento y las exigencias autoimpuestas por las andaluzas y los andaluces en nuestro Estatuto de Autonomía.
La circunstacia económica adversa no debe incidir en las conquistas democráticas y, entre ellas, el Derecho de Comunicación, la libertad de expresión y la obligación de facilitar una correcta información ciudadana. Tampoco debe servir de coartada a malas prácticas y anormalidades legales conducentes a favorecer la gestión de los medios públicos por entes privados o externalizar las programaciones. Son privatizaciones ilegales que perjudican la imagen de nuestros medios y sus gobiernos municipales.
Ante la necesidad de velar por la continuidad de la radio pública local y ciudadana con más de 30 años de existencia, el conjunto de ayuntamientos asociados a EMA-RTV manifiestan:
  • La comunicación de proximidad hace a nuestras emisoras de radio y televisión singulares, únicas y diferentes.
  • Reconocemos el papel de la emisora municipal y ciudadana como un servicio público de calidad, importante y necesario para garantizar el derecho a la información, fomentar la participación ciudadana, favorecer la pluralidad democrática, reducir las desigualdades sociales y la integración de las personas cualquiera que sea su procedencia.
  • Reivindicamos este modelo de comunicación pública porque impulsa y dinamiza el tejido social, político, económico y cultural de nuestros municipios, favoreciendo el conocimiento de nuestras realidades y singularidades locales.
  • Valoramos su creación, justificación y funcionamiento porque están enmarcadas siguiendo los principios recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía de servicio público, pluralidad y transparencia, así como en defensa del interés general de las andaluzas y los andaluces.
  • Necesitamos la supervivencia de las emisoras municipales y ciudadanas para seguir trabajando desde el municipalismo en la transparencia de la administración.
  • Apostamos para que las radios públicas locales tengan profesionales suficientes y estén dotadas de los recursos económicos y técnicos necesarios para desarrollar su tarea con la máxima calidad.
  • Exigimos el respeto y estricto cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la cesión de frecuencias de titularidad pública para servir a intereses privados. Igualmente, nos comprometemos a denunciar aquellos casos que sean contrarios a la Ley en cualquiera de los aspectos que atañan a la gestión y funcionamiento de las emisoras municipales.
  • Abogamos por mantener nuestra estructura de cooperación y coordinación de capacidad productiva a través de EMA-RTV, en beneficio de la ciudadanía y del mismo sector para garantizar su viabilidad y singularidad en el territorio.
Por todo lo expuesto, hacemos un llamamiento al conjunto de ayuntamientos andaluces con emisora municipal de radio y televisión para movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que los medios públicos locales desaparezcan o se conviertan en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa del derecho a la información de todas y todos. Finalmente, hacemos extensivo el llamamiento a las diputaciones provinciales, a la FAMP, al Gobierno autonómico, a la Administración central y a la Unión Europea  para que desde la corresponsabilidad contribuyan a la sostenibilidad de los medios públicos y ciudadanos locales.